Amazónicas: la guerra por la vida (III)

Taromenani, nuevas muertes entre los ‘no contactados’

La indígena Alicia Kawiya revela una nueva matanza en la selva

 

Alicia Kawiya, lideresa de la Nacionalidad Waorani y del grupo de Las Mujeres Amazónicas, denunciaba apenas hace unos días, el domingo, 18 de noviembre, a la organización Saramanta Warmikuna el último ataque a los taromenani y la muerte de un grupo de ellos, el viernes 16, en una grabación a la que hemos tenido acceso, y rechaza la responsabilidad waorani por los sucesos, “encontraron cartuchos y una botella vacía de trago, son gente que viene a atacar”, asegura.

Achacaba la situación de los tagaeri y taromenani a la entrada y la apertura de tres accesos a su territorio,“ la carretera del Bloque 43, el bloque de Repsol y la vía del Bloque Armadillo. Las tres se dirigen a la zona intangible de los taromenane”, explica Alicia señalando un dibujo hecho en una pizarra. “En medio tienen sus casas”, dice refiriéndose al territorio intangible, “se mueven, no están en un mismo lugar, pero también pasan a la otra orilla del río Curaray, donde hay más selva en la que pueden vivir”. Según asegura, “vivían tranquilamente en un lugar en el que no entraban las carreteras, pero ahora también encuentran la vía abierta por las madereras”.

En 2013, saltaba a la actualidad el otro Caso Waorani, para la Corte Constitucional de Ecuador, que dictaba sentencia en 2016, el caso 0072-14-CN. Seis indígenas waorani fueron juzgados “por delito de genocidio” en noviembre por la matanza de por lo menos 20 miembros de los tagaeri y taromenani. En enero de 2013, el Gobierno ecuatoriano había firmado un acuerdo con la petrolera china Andes Petroleum que le permitía la explotación petrolera del Parque Nacional de Yasuní, territorio intangible de los indígenas tagaeri y taromenani que se mantenían en aislamiento voluntario, que obligaba a éstos a desplazarse hacia territorios waoranis y kichwas.

Alicia insiste cinco años después en que “no quieren venir a territorio woaorani ni a Pastaza a tener enfrentamientos, no tienen otro lugar hacia dónde ir, veían que en nuestro territorio no entran carreteras y buscaban un lugar dónde vivir con sus familias y por eso llegaron a nuestras comunidades de Ventaro y Qeweiuno”. La mayoría de las organizaciones pidieron que el caso se juzgase por medio de la justicia tradicional indígena, pero se hizo cargo el Estado. Otras organizaciones, algunas poderosas, se pusieron al lado del Gobierno. Su abogado lo pagaba Repsol, nos aseguraron fuentes misioneras capuchinas.

La sentencia recuerda que “a partir del 5 de marzo de 2013, “luego de la muerte de los ancianos waoranis Ompore Omehuay y Buganey Caiga, sucedido en la comunidad de Yarentaro”, departamento de Orellana, “presuntamente por un grupo denominado taromenani o pueblos indígenas en aislamiento, un grupo de miembros de la Nacionalidad Waorani organizó una incursión en la selva con el propósito de buscar rastros, localizar a familias de los pueblos aislados con el propósito de darles muerte”, que en la incursión se habían utilizado “armas de fuego y lanzas tradicionales” y “sustrayendo o extrayendo a dos niñas de 3 y 6 años” después del ataque.

Este octubre de 2018, los taromenani se acercaron de nuevo a los waoranis de Ventaro y “les dijeron que no les iban a matar y que iban a vivir tranquilos. Pidieron ollas y estaban allí sin molestar, pero un día llegaron diciendo que habían encontrado cartuchos vacíos disparados y botellas de trago vacías y que habían matado a varios taromenani y que como waoranis tenían que morir. La gente de Ventaro está alerta y preocupada temiendo que lleguen y ataquen”.

“Nuestra preocupación es que si salen de nuestro territorio a dónde van a ir”, se pregunta Alicia “¿dónde van a encontrar ese territorio que están buscando? Si salen por un lado, se van a enfrentar con los kichwas del río Napo, al sur, con otros vecinos”, explica. “No queremos que mueran los taromenani, necesitan un territorio en el que poder vivir y nosotros tenemos ese territorio legalizado”, pero insiste en que los hechos no se deben a los waorani. “Es gente que ha venido a matar a los taromenani, por eso queremos que el Ministerio de Justicia y la organización NAWE monitoreen esos territorios, porque firmaron un convenio y en vez de estar sentados en Quito que vayan a ver la comunidad de Ventaro y a los hermanos taromenani, que no haya más muerte”.

En cuanto al momento en que se produjo el primer contacto, Alicia cuenta que “primero fueron a la comunidad de Qeweiuno y encontraron una niña”, relata. Le pidieron ayuda , la niña se asustó y le dijeron solo vamos a dejar tres lanzas y eso hicieron”. “Fue hace un mes”, recuerda, “y después subieron a Ventaro. Pensamos que estarían tranquilos pero ayer recibimos un mensaje diciendo que los taromenani habían aparecido culpando a los waoranis de una matanza, que había niños y mujeres, y que encontraron los cartuchos y las botellas y culparon a los waoranis”. Y advierte alarmada una y otra vez que “ Se van amatar, y el convenio, los ministerios, el Gobierno y la organización tienen que cumplir el convenio que firmaron”.

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