Foto: Patricia Tuqueres agencia TEGANTAI

También es una forma de reivindicar la memoria de varios hechos violentos cometidos contra las mujeres que protestaron a finales de la primera década del Siglo XX en contra de las largas jornadas esclavistas de trabajo, con salarios inferiores al de los hombres y sin derechos. Estas luchas se centraron en el reconocimiento de la dignidad y humanidad de las mujeres como personas sujetas de derechos con capacidad jurídica, política y social para la consecución de sus derechos por la igualdad, la no discriminación, la autonomía, la libertad, el derecho a la educación, la salud, por un trato justo y equitativo..

Sin embargo, en Ecuador, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mestizas, tanto de las grandes ciudades como de las comunidades más alejadas de nuestros territorios, siguen siendo discriminadas, no solo por el estado sino también por las transnacionales, mineras, petroleras, madereras y del agronegocio.

Las violaciones a sus derechos por la condición de género afectan el derecho al trabajo, a la educación, el derecho a decidir, así como la negación de su derecho a vivir en paz y libres de violencia, llegando incluso hasta la vulneración a la integridad personal, física, psicológica e incluso colocando sus vidas en peligro.

En cuanto a nuestros derechos laborales, continuamos enfrentando condiciones deplorables en comparación con el trabajo que los hombres realizan. Con esto no queremos decir que no seamos capaces de realizar el trabajo que un hombre. El un mundo machista con el que fuimos educadas nos hace creer que somos inferiores. (En la última encuesta realizada por el INEC en diciembre de 2018 revela que el desempleo afecta más a las mujeres (4,5%) que a los hombres (3,1%). Igualmente, en relación al acceso a un empleo adecuado, el porcentaje para las mujeres (32,5%) es 14 puntos más bajo que el de los hombres (44,5%). A esto se suma que las mujeres reciben ingresos promedio de USD 293,5, mientras que los hombres ganan USD 357,5, es decir, 100 dólares menos.)

Cabe señalar que en el último año se han presentado hechos que conmocionaron la opinión pública del país, como el doble asesinato de Alba Bermeo Puin embarazada de 5 meses y defensora de la naturaleza, o el secuestro de Vivian Rodríguez, activista por los derechos de la comunidad sorda, siendo igual de graves las violaciones y amenazas sufridas por mujeres y niñas de La Merced de Buenos Aires, o a las compañeras de Pacto, de las compañeras del napo que defienden sus ríos, las del páramo del Azuay, de la provincia de esmeraldas que además tienen que ir con el peligro de las mafias organizadas, todas ellas defienden su territorio.

Por otro lado no existe una respuesta ágil, oportuna y con calidez por parte de la Función Judicial; es necesario tomar en cuenta que la violencia sexual, física y psicológica en nuestro país es alarmante: de acuerdo a información del INEC, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual. La desaparición de mujeres es una problemática social que el Estado no ha podido resolver. Esta es otra forma concreta de violencia que se ejerce de forma directa en contra de las mujeres, pero al mismo tiempo es un acto de violencia indirecta en contra de sus familiares, madres, amigas, hermanas y la comunidad.

La violencia se ha expresado de diferentes maneras, e incluso se manifiesta como una costumbre ligada a normas morales que se desconectan de hechos concretos de abuso. Por lo tanto, es imprescindible comprender y respetar que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Aún vivimos en un país que responsabiliza a las mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, de la violencia sexual a través del miedo, la represión de sus libertades, el castigo a su derecho a transitar y usar el espacio público, culpándolas incluso de su vestimenta y criminalizándolas por decidir por sí mismas.

En este contexto, frente al incremento preocupante de actos de violencia hacia las mujeres, el colectivo Saramanta Warmikuna hace un llamado urgente a fortalecer las políticas de prevención y atención para intervenir en la calidad del sistema judicial y erradicar la revictimización. Por ello, se solicita a las entidades del Estado cumplir con lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley, con el objeto de asegurar el derecho de las mujeres que habitamos en Ecuador a disfrutar de una vida libre de violencia.

JUYAYAY SUMAK WARMIKUNA