Las mujeres defensoras de la Naturaleza articuladas como Saramanta Warmikuna, hacemos pública nuestra exigencia al gobierno de El Salvador de dejar en libertad inmediatamente a Antonio Pacheco (Director de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES), Saúl Agustín Rivas (asesor jurídico de la organización), Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Miguel Ángel Gómez, líderes de la comunidad de Santa Marta, quienes fueron arrestados la madrugada del miércoles 11 de enero en su oficina y sus hogares.
En el contexto de una creciente ola de violencia vivida en ese país hermano, la persecución y criminalización a personas defensoras de derechos humanos y ambientales es una de sus expresiones más despiadadas. Tanto ADES como la comunidad de Santa Marta y otras del departamento de Cabañas, han liderado importantes luchas en defensa de los territorios amenazados por proyectos extractivos, como la de promover activamente la Ley de Prohibición Minera que rige actualmente en el país. Pero los poderosos intereses que se ven afectados por dicha norma, buscan eliminarla.
El Salvador es el único país legalmente declarado libre de minería metálica desde marzo de 2017, como resultado de un intenso proceso de lucha y resistencia del pueblo salvadoreño y sus organizaciones. Actualmente, la posibilidad de que la Ley de Prohibición Minera sea eliminada o reformada con el fin de permitir las actividades mineras, pone a El Salvador ante una situación dramática.
El proceso inició en 2004, contra Pacific Rim, empresa con sede en Canadá, que fue la primera transnacional minera que empezó a operar en el país. Es cuando ADES inicia un acompañamiento y apoyo a las comunidades preocupadas por el inicio de las actividades mineras.
Robert Moran, reconocido científico, analiza críticamente los estudios de impacto ambiental de Pacific Rim y alerta sobre los efectos sociales y ambientales devastadores que traerá la explotación minera. Esto avivó la resistencia de las comunidades afirmadas en la defensa de sus territorios, pues no quieren que los impactos ambientales provocados por la minería en Honduras y Guatemala, se repitan en El Salvador.
Los resultados de la investigación se socializan en los territorios e inicia la movilización social, los medios de comunicación comunitarios apoyan esta causa y la difunden a nivel nacional e internacional. ADES impulsa la creación de la MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA EN EL SALVADOR, y esta empieza a trabajar en 2005. Surgen articulaciones internacionales, y en este caminar se da el encuentro con la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales.
La información, la sensibilización en las comunidades y las campañas de resistencia, fortalecen la lucha. Sin embargo, empieza la división en las comunidades, las amenazas, la violencia y los asesinatos.
En 2008, la empresa Pacific Rim presentó ante el CIADI (tribunal Internacional de arbitraje perteneciente al Banco Mundial) una demanda contra el estado salvadoreño por 301 millones de dólares, aduciendo que no se estaban cumpliendo sus expectativas de ganancias porque las comunidades -en vista de las ilegalidades cometidas por la minera- no le dejaron operar.
En este contexto, en 2009 son asesinados Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Recintos Sorto de 32 años de edad, madre de 7 hijos y con un embarazo de 8 meses, integrantes del Comité Ambiental de Cabañas. Ellos defendían sus territorios rechazando la explotación de oro y plata que la empresa canadiense Pacific Rim pretendía realizar en San Isidro, Cabañas.
La demanda ante el CIADI motivó a las comunidades campesinas, a la Mesa Nacional Frente a la Minería y a los movimientos sociales a conocer sobre estas instancias creadas para proteger los intereses corporativos subordinando los derechos de las comunidades y de la naturaleza. ADES y la Mesa Nacional dieron seguimiento a la demanda; esto abrió condiciones para buscar apoyo y aliados en Estados Unidos, Australia, Canadá, en torno a esta amenaza.
Estaban frente a un poder económico muy fuerte, pero esto no les detuvo. La lucha continuó con diversas acciones: izaron vallas en el centro de la capital salvadoreña visibilizando a las mineras como extorsionistas, hicieron campañas radiales y varios eventos. El litigio duró 8 años. En ese proceso, Pacific Rim vende el proyecto a la empresa Ocean Gold.
La fuerza social, la articulación internacional organizada y sobre todo: la fuerza de la verdad, los evidentes daños sociales y ambientales, la violencia ejercida por la empresa y las violaciones de derechos humanos, resultaron en una sentencia del CIADI que no favoreció a las empresas mineras. En octubre de 2016 la empresa minera fue sentenciada a pagar al Estado de El Salvador 8 millones de dólares. Fue un logro muy importante, con un alto significado para la lucha social, que se radicaliza desde 2009 hasta 2017.
A partir de la sentencia, las comunidades y organizaciones sociales, ambientales, iglesias, se fortalecieron e incidieron en la Asamblea Legislativa hasta lograr que en marzo de 2017 se apruebe el proyecto de Ley de Prohibición a la minería. Esto fue un hito en América Latina y el mundo. El Salvador se convirtió en un ejemplo de lucha exitosa de los pueblos en la construcción de un futuro sin extracción minera, que dé prioridad a la soberanía alimentaria, al cuidado de los bienes comunes. Poniendo la vida en el centro.
Cuenca-Ecuador, 13 de enero de 2023
